jueves, 3 de septiembre de 2015

La Jornada: Acepta el Suterm el reajuste de trabajadores en la CFE

La Jornada: Acepta el Suterm el reajuste de trabajadores en la CFE

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Si hay maquinaría o equipo que suprima la actividad de los trabajadores, la CFE podrá despedirlos, marca el nuevo contrato colectivo avalado por el SutermFoto María Luisa Severiano

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Lunes 2 de febrero de 2015, p. 15

Fue modificado el contrato colectivo de trabajo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según convinieron la dirección de la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), para facilitar cambios en las plantillas de trabajadores, así como para realizar despidos, pues se estableció, por ejemplo, que las bajas de personal se podrán llevar a cabo por supresión o instalación de maquinaria o aparatos que alteren o supriman el desarrollo de determinadas labores.

Conforme a los objetivos de la reforma energética, ya se aplicaron cambios al contrato colectivo de la empresa, que estará vigente hasta el 2016, y habrá más modificaciones en las negociaciones que se llevarán a cabo en 2015.

Una copia del contrato colectivo modificado de este sindicato, que posee de La Jornada, establece en su cláusula 24 que un comité mixto de productividad, integrado por el director general de la CFE, Enrique Ochoa, y el secretario general del Suterm, Víctor Fuentes, así como los directores de finanzas, operación y proyectos de inversión financiada, entre otros, aprobará las modificaciones de estructuras organizacionales y plantillas de personal.

Además, se identificarán las necesidades o excedentes de personal en cada centro de trabajo, para adecuarlas en cantidad y calidad a las que se requiera en atención de las actividades encomendadas, conforme a los procesos productivos, según señala este ordenamiento.

Indica que dicho comité también aprobará la transferencia de plazas de la bolsa de trabajo que se constituya a nivel nacional, y determinarán el sistema de promociones de personal, sustentado en criterios de productividad y eficiencia de los trabajadores. En tanto, se crea en la cláusula 81 una nueva prestación, que es compensación por fidelidad.

A su vez, la cláusula 46 del contrato colectivo, referente a separaciones, señala que los trabajadores podrán ser separados –además de las causas previstas en la ley– por no acatar los estatutos del Suterm, por voluntad propia, por determinación de la CFE, por modificaciones, aditamentos o nuevos sistemas de trabajo.

Al respecto, el inciso IV del referido artículo señala que la adopción de nuevos esquemas de trabajo, o la instalación de maquinaria o aparatos que alteren o supriman el desarrollo de determinadas labores podrán ser causa de que se despida a trabajadores, previo acuerdo entre autoridades y el sindicato. Si no hay acuerdo, la CFE podrá liquidar personal si la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) se lo autoriza.

Permanecerán en servicio los trabajadores más antiguos del centro o zona de trabajo donde se lleve a cabo el recorte, excepto si voluntariamente aceptan el reajuste mediante la indemnización, o bien serán reajustados los trabajadores de más reciente ingreso al trabajo.

Según indica el documento, los trabajadores reajustados recibirán como compensación el equivalente de 120 días de salario, más 35 días de salario por años de servicio. En caso de reajuste de trabajadores miembros del Suterm, se procederá proporcionalmente a reajustar trabajadores de confianza de la zona de trabajo correspondiente, sin que se afecte su manejo.

En cuanto a las jubilaciones, se ratifica que sólo tendrán este derecho los trabajadores que sean titulares de una plaza con anterioridad al 18 de agosto del 2008. Los que entraron después de esa fecha se acogerán al sistema de Afores. Estas no son todas las modificaciones al contrato; este año habrá más.

México y su inviable ruta económica

La reiterada exigencia que el propio sector empresarial del país
viene haciendo desde hace un par de meses a la actual administración,
para que se ejecute un cambio en la actual política económica con el
objetivo inmediato de crear más empleos y reducir la pobreza, es la
prueba indiscutible de que el modelo neoliberal ha llegado a las puertas de un callejón sin salida al que le condujo la aprobación de las reformas estructurales.


La caída en los precios internacionales del petróleo y al deslizamiento del peso frente al dólar han terminado por dar la puntilla
a los objetivos de crecimiento económico trazados al inicio del
sexenio, y que con la puesta en marcha de reformas, como la energética y
la laboral, supuestamente detonaría la bonanza y la creación de miles
de puestos de trabajo en el país. Todo indica que los buenos deseos de
la tecnocracia han tomado cartas de naturalización en el país del nunca jamás.


Ahora, en medio de una severa crisis económica –aún no aceptada por
la parte oficial– y el anuncio de la aplicación de un presupuesto base
cero para 2016 que, de acuerdo con lo anunciado, implicará una
reingeniería financiera que optimice los magros recursos públicos
evitando duplicidad de funciones y logrando significativos ahorros, el
gobierno federal deberá mostrar un poco de congruencia si no desea que
el país se le vaya de las manos.


Si de optimizar y economizar recursos se trata, llegó el momento de
restringir privilegios en las altas esferas del poder público donde
habita, muy alejada de la palabra crisis, la burocracia dorada
que por décadas ha sido solapada por el Estado mexicano y su clase
política. Si en cada uno de los órdenes de gobierno, municipal, estatal y
federal, se reducen los sueldos de sus altos funcionarios, lo mismo que
en organismos caros e inservibles como el Instituto Nacional Electoral;
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales; y el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, donde sus consejeros perciben ingresos
millonarios, lo mismo que en otras instituciones como la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos o hasta la propia Suprema Corte de
Justicia de la Nación, las economías a las finanzas públicas serían
considerables.


No es válido, ni moralmente aceptable, bajo ninguna óptica, que
mientras, como lo informó el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social, uno de cada dos mexicanos se encuentra en
un rango de pobreza –55.3 millones de habitantes–, un reducido grupo de
privilegiados goce de canonjías a las que ni siquiera sus homólogos en
los países del primer mundo acceden. La misma clase empresarial está
consciente de que ya no puede cargársele la mano a quienes desde hace 30 años vienen soportando sobre sus espaldas
el peso de repetidos errores económicos proyectados desde las oficinas
del Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde
despachan los funcionarios que se han equivocado una y otra vez por
obedecer las políticas financieras de los organismos internacionales sin
tomar en consideración el bienestar social de las mayorías. Los
resultados negativos están a la vista de todos.


En esta dosis de sentido común, el gobierno en turno debe llevar a la
realidad la aplicación de la Ley de Disciplina Financiera, en cuyo
contenido se establece la prohibición a los gobiernos estatales y
municipales a contratar de manera irresponsable deuda pública, y la
publicación de la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago
que deberán quedar saldados 3 meses antes de concluir sus periodos.


El compromiso por disminuir los montos de endeudamiento tanto en las
entidades federativas como en el gobierno federal es sin duda un
inaplazable asunto de supervivencia para la presente administración que
ya ha establecido un récord histórico en el ámbito de la deuda pública.
En el renglón del crecimiento de la deuda de las 32 entidades
federativas, se registró, de 2012 al presente año, un incremento del 20
por ciento, al pasar de 432 mil millones de pesos a 510 mil millones.


En el ámbito federal, las cifras son aún más alarmantes, pues de 2012
a 2015 la deuda pública creció en 2 billones 150 mil 322 millones de
pesos; es decir, casi 1 billón por año, para alcanzar un endeudamiento
total del sector público de 7 billones 503 mil 117 millones. Lo
preocupante es que los multimillonarios empréstitos no se han visto
reflejados en el atrofiado crecimiento económico y mucho menos en el
lacerado nivel de vida de millones de mexicanos.


La clase política debe asumir los costos de haber llevado a los
extremos su modelo de privatización de más de 1 mil empresas públicas e
infraestructuras carreteras que culminaron en su itinerario
antinacionalista con sus impuestas reformas que –como la energética–
buscan entregar el petróleo, la electricidad, el gas, los minerales y
demás riquezas naturales, de forma preferente, al capital extranjero.


Reformas como la laboral han despojado de sus derechos a millones de
trabajadores, sobre todo a los jóvenes que inician su vida productiva,
negándoles el acceso a la seguridad social, a la estabilidad laboral y
un salario remunerador; otras, como la educativa, conducen a la
inminente privatización de la escuela pública y al despido de miles de
maestros en el país, asomando en el horizonte de las agresiones sociales
la intención de privatizar los servicios de salud, el abasto de agua y
la aplicación del IVA en alimentos y medicinas.


Y por si estas calamidades no bastaran, la devaluación de nuestra
moneda incidirá directamente en el alza de todos los productos de
importación que se adquieren a tipo dólar, sobre todo los alimentos que
dejamos de producir por seguir al pie de la letra las
desventajosas obligaciones mercantiles del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte. Nuevamente quienes habrán de pagar el costo de la
incorrecta estrategia económica serán los que menos tienen.


De nada vale que los responsables de la planeación económica se
escuden en argumentos tales como que el país está blindado para resistir
embates macroeconómicos, aduciendo que los cambios en la paridad
cambiaria no tendrán efectos inflacionarios. La recesión que enfrenta el
país ha terminado por paralizar el crecimiento económico ubicándolo en
un círculo vicioso del que la tecnocracia neoliberal no quiere salir.


Pero a pesar de que las evidencias sobre la errática política
económica son abrumadoras se insiste en vivir en el error. El fracaso de
la Ronda Uno, que debía ser la piedra angular de la esperada
bonanza nacional, ahora busca ser reeditado, en su segunda etapa,
flexibilizando los requisitos para los inversionistas, según lo anunció
la Comisión Nacional de Hidrocarburos. No quiere aceptarse que el
derrumbe del mercado petrolero ha devaluado a nuestros recursos
petroleros que ahora ni a precio de ganga son adquiridos por los
consorcios internacionales. Y cabe preguntarse: ¿por qué insistir en
seguirlos privatizando?


Ahora más que nunca está bien clara la urgencia de un cambio de
dirección en la política económica antes de que la nación quede hecha trizas;
sin embargo, el reclamo generalizado que obligue a rectificar el rumbo
deberá surgir desde los movimientos sociales, porque está comprobado que
desde las esferas del poder no existe el menor asomo por salvar a la
nación. Treinta años de desaciertos y crisis cíclicas ahora tienen a la
mitad de los mexicanos en la pobreza. Es hora de rectificar.




Martín Esparza Flores*


*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas





Contralínea 450 / del 17 al 23 de Agosto 2015


México y su inviable ruta económica

martes, 25 de agosto de 2015

ATAJARÁ ABUSOS COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO

cooperativadeahorrodetrabajadoresfundan2015
Trabajadores de Distintos Sindicatos la Fundaron
Periodista y Conductora de www.frecuencialaboral.com

Los bancos privados cometen por lo menos 20 tipos de abuso contra los usuarios que obtienen un crédito, además de las altas tasas de interés que cobran que provocan que las deudas se vuelvan impagables, de acuerdo a un informe de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (CONDUSEF), por lo cual integrantes de distintos sindicatos de influencia nacional fundaron la Cooperativa de Ahorro y Préstamo de los Trabajadores Mexicanos (TRAMEX).
El informe de la CONDUSEF señala que BANORTE, BANAMEX, INBURSA y BBVA Bancomer, concentran el 56 por ciento de las cláusulas abusivas en México. Hasta el 18 de junio de este año, la CONDUSEF había detectado 185 cláusulas abusivas en contratos de instituciones financieras, de las cuales 106 corresponden a Bancos, 73 a Entidades de Ahorro y Crédito Popular, 4 a SOFOM ENR y 2 a Uniones de Crédito.
Al respecto el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de los Trabajadores de México, Edgar Heras, dijo que la cooperativa TRAMEX busca la autonomía económica de los asalariados, para que no dependan de los bancos que tienen fines lucrativos, sino que se apoyen en instituciones que le ayuden a solventar sus problemas económicos familiares. "para que los créditos en realidad cumplan con la función de coadyuvar a el desarrollo de sus familias".
Por otro lado dijo que participarán en la discusión de la Ley de Cooperativas de Ahorro y Préstamo, para evitar que diputados y senadores del PRI, PAN y PRD, aprueben la propuesta de restringirlas tomando como pretexto el fraude multimillonario de FICREA, porque nada tiene que ver una cosa con la otra.
Cabe recordar que en la Cámara de Diputados, aprobaron una reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular íticos, con el argumento de que busca prevenir más fraudes como el que ocurrió con FICREA, sociedad financiera que defraudó a más de seis mil 800 ahorradores, por cerca de dos mil 700 millones de pesos, con afectación.
Al respecto el senador Mario Delgado Carrillo, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, alertó que con la aprobación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular desaparecerán, sin un diagnóstico de por medio, más de 25 Sociedades Financieras Comunitarias y cooperativas que atienden a la población de 330 municipios de alta y muy alta marginación . (Leer Noticia Relacionada: DESAPARECERAN CAJAS DE AHORRO COMUNITARIAS link: http://www.frecuencialaboral.com/cajasdeahorrocomunitariodesapareceranconreformarecatanaficrea2015.html)
Para la discusión y aprobación de esta Ley de Ahorro y Crédito Popular se conformó una comisión de diputados y de senadores (comisión bicamaral) que analizaron en conjunto los cambios, por lo que se preveía que el senado la aprobaría de Fast-track, sin embargo por las protestas que generó la frenaron. Pero podría aprobarse a partir de septiembre del 2015.
Dolores Padierna, senadora del PRD que pertenece a la comisión bicamaral que aprobó esta reforma, dijo que ella no había visto ese peligro durante el análisis de la ley, pero reconoció que no se había consultado ni invitado al debate a los miembros de las cajas de ahorro y crédito popular.

 




jueves, 20 de agosto de 2015

BOLETÍN DE PRENSA URGENTE.

A toda la resistencia SMEita.
A todos los medios de comunicación.
Al Pueblo de México:

BOLETÍN DE PRENSA.


En las últimas horas se ha difundido por distintos medios de comunicación algunos aspectos del contenido de la negociación que desde abril del 2013 tienen el SME y el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Gobernación.

En relación a ello, es necesario precisar:

1. La negociación entre el Gobierno Federal y el SME es legal y legítima, obedece al interés compartido de darle una solución al conflicto social y jurídico derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro.

2. A través de la negociación, las partes buscan alcanzar un acuerdo para:

-Cumplir con el incidente de liquidación derivado del laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del 10 de Agosto del 2010 y ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 30 de enero del 2013 que da por terminadas las relaciones individuales y colectiva de trabajo entre el SME y LyFC.

Aclaramos que en ningún caso, el acuerdo implica la transferencia de recurso públicos al sindicato. Las plantas de generación que vamos a habilitar y poner en funcionamiento seguirán siendo propiedad de la Nación.

- Alcanzar la indispensable reinserción laboral de los trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, toda vez que cuentan con una mano de obra altamente calificada para poder reintegrarse a la vida productiva dentro del sector eléctrico a donde podrán aportar su robusta experiencia y conocimiento.

3. Después de seis largos años de lucha y de sacrificios, durante los cuales nuestras capacidades fueron descartadas por el sector público y privado del país, los trabajadores en resistencia encontramos dentro del actual marco jurídico sectorial nuevas oportunidades para reinsertar nuestra mano de obra en el sector eléctrico.

Razón por la cual, hemos alcanzado un acuerdo con la empresa Mota-Engil para iniciar una relación productiva de trabajo que nos permita, al lado de nuestra cooperativa de producción y servicios, devolverle el futuro a las miles de familias electricistas que fueron sacrificadas por una decisión autoritaria. Además, esta empresa no cuenta con una relación laboral con el SUTERM. Estamos convencidos que esta relación será productiva y de múltiples beneficios para nuestros agremiados y los propios usuarios de la energía.

4. El SME refrenda su compromiso con México, su pueblo y por supuesto con todas las organizaciones sociales nacionales e internacionales que solidariamente nos han acompañado durante esta larga y difícil travesía.

"Por el Derecho y la Justicia del Trabajador"

Por el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Martín Esparza Flores.
Secretario General.
José Humberto Montes de Oca Luna.
Secretario del Exterior.
Mexico a 20 de agosto del 2015.

domingo, 16 de agosto de 2015

UN TRAGO AMARGO (I)

Si cometiera el craso error de dejarme influenciar por la "opinión" de Almazán, estarían a mi alcance dos posibles:
a) El optimista: buscar una forma original de suicidio
b) El pesimista: buscar la oficina más cercana de MORENA y solicitar mi afiliación.
Su "opinión", (resultado lógico del aislamiento sindical en que se encuentra), se agrega a otras de la misma especie. Ya hace unos días escuchamos en voz de una excandidata a diputada federal la "opinión" en el sentido de que el contrato colectivo de 65 cláusulas carece, según su limitada apreciación del texto, de una perspectiva de género. Un muchacho inquieto, ante la inminencia de que aterrizaran los acuerdos para el regreso al trabajo, ya en el delirio total producto del choque de neuronas, se declaró en "alerta máxima". Almazán nos dice ahora, bajo un despolitizado realismo que "es preferible poner los pies en la tierra para no alentar más falsas ilusiones que al final terminan por generar desilusión y descontento". ¿Cuál es la diferencia entre el realismo que nos sugiere y el que ejercieron dos terceras partes de los afiliados al SME que se dejaron influenciar por el canto de las sirenas de la "opinión" de Calderón y Lozano?
Si bien para orientarse en la compleja y alentadora perspectiva que abre nuestro proceso de reinserción laboral la "opinión" de Almazán de nada sirve (a menos que alguien le rinda pleitesía a la confusión), sí nos informa de la transmutación ideológica del camarada y de los métodos de análisis que utiliza para fundamentar una opinión. Ya no reivindica a Marx, y el método dialéctico de análisis de lo concreto le parece precario; ahora saca de ultratumba el trasnochado y superado método cuantitativo de análisis y reivindica la altura intelectual del padre del positivismo, Augusto Comte.
A partir de contar (aritméticamente) cuantas cláusulas tenían diferentes contratos en distintas fechas, llega a la creativa y flamante conclusión de que el aprobado por la Asamblea para su firma es precario. Y agárrense: ello se debe a que 120 cláusulas son más que 65 cláusulas. En realidad Almazán ignora el ABC incluso del método cuantitativo de análisis y lo reduce a su expresión más vulgar, la cual considera que el método cuantitativo se refiere a determinar que un particular número es mayor que otro y claro, menor que un tercero. Así, Almazán, en el intento de dar una "opinión" respecto al nuevo CCT, llega al descubrimiento no de una orientación política que le sirva a la Resistencia para seguir adelante, sino a la develación de un nuevo conjunto de números: los números precarios. (Yo me había quedado en mis clases de bachillerato hasta el conjunto de los números amigables, como lo son el 284 y el 220, pero siempre estoy dispuesto a aprender algo nuevo). Quizás la aritmética de los números precarios sirva para explicar y hacer una valoración del resultado electoral traducido en número de votos de algún partido político, pero resultan irrelevantes para realizar una reflexión crítica respecto al momento de ascenso en que se encuentra nuestra Resistencia con la firma e instrumentación del Acuerdo de Entendimiento que pactamos, en el marco de una negociación política, con el gobierno Federal.
La Resistencia del SME ha llegado hasta donde está con una estrategia de lucha eficaz en un ambiente hostil y bajo un liderazgo consolidado y respetado por la empresa privada y el gobierno federal con quienes negociamos, liderazgo que Almazán ya está imposibilitado de reconocer. Ese es el problema de fondo del "camarada". Su "opinión" no es más que la actualización del voto en contra de la mayoría que emitió en la Asamblea de noviembre de 2014. Bien haría el camarada en seguir su ruta electoral y no ponerle al SME piedras en el camino.
Almazán dice en su "opinión" que el contrato de 65 cláusulas es un trago amargo. A mí me sabe a las mieles de la Victoria. Cada quién asume el buen vino con la refinación del gusto de su paladar.
Alberto González Bárcenas.
(071615)