sábado, 14 de marzo de 2015

DECLARACIÓN DE APOYO AL GOBIERNO DE VENEZUELA

El puñado de familias multimillonarias que domina a los Estados Unidos, en voz de su representante Barack Obama, ha declarado que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela significa una "amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política exterior estadunidenses".

Esta cínica declaración del gobierno imperialista norteamericano, en extremo agresiva y belicista, confirma la denuncia del compañero presidente Nicolás Maduro Moros de que las recientes protestas, protagonizadas por una minoría de empresarios rapaces y de sus mercenarios, no era otra cosa que una nueva intentona golpista orquestada desde Washington.

El problema de Obama es que no soporta ver cómo un país digno -con una política independiente, soberana y en proceso de ruptura con los dogmas neoliberales-, confirma que sí hay alternativas antes que someterse a sus dictados. Es un mal ejemplo para todos aquellos pueblos que continuamos sometidos al yugo imperialista, al saqueo de nuestra riqueza nacional, que sufrimos la más espantosa miseria, la corrupción desenfrenada de nuestros gobernantes, la represión y la violencia, en resumen, que seguimos siendo oprimidos por la dictadura del uno sobre el 99 por ciento de la población.

Por esta misma razón la Nueva Central de Trabajadores condena y reprueba las indignantes declaraciones de los ex presidentes mexicanos -Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón-, que pretenden dar lecciones de democracia a otros pueblos del mundo. Ninguna autoridad moral puede tener quienes tienen las manos manchadas de sangre de decenas de miles de mexicanos, que han acumulado enormes fortunas producto de la corrupción y que no son más que vende patrias al servicio del mejor postor.

La Nueva Central de Trabajadores de México hace un llamado a todos los pueblos del mundo –incluyendo al norteamericano, que también está oprimido por esa sanguinaria minoría de súper millonarios-, para que nos movilicemos en defensa del Proceso Bolivariano y del inalienable derecho del pueblo venezolano a decidir su propio destino.

La NCT manifiesta su plena disposición a sumarse a cualquier iniciativa de movilización que emane de la coalición de grupos que se está formando en solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela.

¡¡¡¡ Fuera manos imperialistas de América Latina !!!!

Fraternalmente:

Nueva Central de Trabajadores

México, D.F. a 13 de marzo de 2015

jueves, 12 de marzo de 2015

La Jornada: La reforma energética sólo protege los intereses de trasnacionales, dicen ONG

La Jornada: La reforma energética sólo protege los intereses de trasnacionales, dicen ONG
Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Miércoles 11 de marzo de 2015, p. 16

La reforma energética promovida por el gobierno mexicano únicamente busca proteger los intereses de las grandes compañías trasnacionales del petróleo y la electricidad, facilitándoles el despojo de los recursos naturales de diversas comunidades del país, a las que se les dejará sin ninguna opción legal de defensa, advirtieron organizaciones de la sociedad civil.

Durante el conversatorio Escenarios en México: derechos humanos, empresas y reforma energética, Aroa de la Fuente, miembro del Centro de Análisis e Investigación Fundar, subrayó que las autoridades de México sólo pretenden garantizar la rentabilidad de las inversiones extranjeras, en demérito de los pueblos que se opongan.

La reforma busca promover el acceso de las empresas a los territorios de las comunidades por encima de cualquier otra garantía. Además, no hubo información suficiente antes de valorar las medidas que iba a implicar, se da preponderancia al sector privado sobre el público y tiene un marco legal contrario a los derechos humanos, alertó la especialista.

Asimismo, De la Fuente indicó que la modificación promueve la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante técnicas extractivas contaminantes y riesgosas, como la fractura hidráulica o fracking, y legalizará el despojo cometido mediante figuras como la servidumbre legal y la expropiación temporal de tierras, argumentando la supuesta utilidad pública de dichos proyectos.

Tras advertir que la reforma ha debilitado más la política medioambiental del país, ya de por sí deficiente, la investigadora anunció que el 20 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará una audiencia sobre los riesgos de los cambios energéticos, lo cual es una buena noticia ante la inacción de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Juan Antonio López, integrante del colectivo Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, coincidió en dicha modificación pone la capacidad de las empresas de explotar hidrocarburos por encima de los derechos humanos, garantizándole a los inversionistas que sus actividades no serán obstaculizadas de ninguna manera.

Betina Cruz, integrante de la Asamblea de Pueblos del Istmo de Tehuantepec, indicó que en dicha zona hay 24 parques eólicos, los cuales fueron instalados sin consultar a las comunidades y sin darles ningún beneficio económico, lo cual ha provocado conflictos sociales que las comunidades siguen tratando de resistir de manera pacífica.

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Miércoles 11 de marzo de 2015, p. 16

Senadores de diversas corrientes se comprometieron a detener la pretendida modificación al apartado B del artículo 123 de la Constitución, que estaba oculta en la reforma política del Distrito Federal, la cual acabaría con la libertad sindical y el derecho de huelga de más de 100 gremios.

No obstante, dicho cambio está sujeto a tiempos políticos y a la conformación de la próxima legislatura, advirtieron expertos en derecho laboral durante un foro que se llevó a cabo en Casa Lamm sobre ese tema.

Los abogados Alfonso Bouzas y Arturo Alcalde; la quinta visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Patricia Juan Pineda, y Jorge Fernández, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, coincidieron en que el cambio sería más lesivo que la reforma laboral de 2012 y podría modificar el sindicalismo.

En el foro, plantearon que de manera increíble una reforma de esa magnitud se haya procesado de manera encubierta y clandestina en el Senado, y a la fecha no aparezcan los responsables de ese atentado contra los trabajadores. Ello porque en una modificación netamente política se introdujo un párrafo en el que se establecen límites a la sindicalización y el derecho de huelga.

De la Redacción

Periódico La Jornada
Miércoles 11 de marzo de 2015, p. 16

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Jorge Olvera García, se pronunció en favor de que la iniciativa de Ley General de Aguas se abra a discusión y debate académico con especialistas antes de que el líquido sea privatizado.

En entrevista, Olvera García consideró que se debe cuidar el espíritu del artículo cuarto, toda vez que el agua es un bien público, un recurso delicado y, por tanto, constituye un derecho constitucional.

La intención de privatizar el liquido, comentó el rector de la UAEM, debe debatirse con responsabilidad y en el marco del desarrollo de nuestro país.

El rector abundó que la institución mexiquense está dispuesta a ingresar en el debate frontal de esos temas, ya que el agua es también un derecho humano protegido por los tratados internacionales.

Añadió que la UAEM tiene tradición en la investigación profunda del tema del agua, a través del Centro Interamericano de Recursos del Agua (CIRA), y es ahí donde hemos abonado para cuidar y preservar tan vital elemento.

Jorge Olvera se pronunció por que el tema del agua sea tratado por todos los sectores sociales y académicos, toda vez que representa un insumo esencial para el desarrollo del país.

Concluyó que la discusión y el debate debe inmiscuir y privilegiar a la parte más sensible de la sociedad, que son las universidades.

sábado, 7 de marzo de 2015

Unete al llamado para Parar aprobación de Iniciativa de Ley General de Aguas



Invitamos a sumarte a este llamado urgente que hace la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) y otras organizaciones, poniendo tu nombre en este enlace

http://www.uccs.mx/doc/p/la-ley-general-de-aguas_es

A las Cámaras del Congreso de la Unión
A la Comunidad académica y a la sociedad en general

Los abajo firmantes alertamos a la comunidad académica y a la sociedad sobre la posible aprobación "fast-track" de la iniciativa de la Ley General de Aguas formulada por la CONAGUA y presentada por los legisladores Kamel Athié Flores (PRI), José Antonio Rojo García de Alba (PRI), Sergio Augusto Chan Lugo (PAN), y Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD).

Preocupados no sólo por el proceso de discusión y aprobación de la iniciativa que ha sido opaco, con acuerdos escasamente democráticos, de espalda a la sociedad, sino también por los contenidos de la misma que son contrarios al artículo 4° constitucional y a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos y que ponen en riesgo a la sociedad y a la naturaleza es que señalamos algunos de los graves problemas que tiene la iniciativa y que son todos violatorios de la Constitución y el derecho internacional.

1. Promueve la privatización del agua al considerarla principalmente un bien económico y no un bien cultural y social como establecen el párrafo 12 de la Observación General No. 15 del Comité DESC.

La concepción del agua en la iniciativa como un bien económico se sobrepone al concepto del agua como parte de la naturaleza en el ciclo hidrológico o como un bien cultural y social (ver Art. 82, Fracc. I). Lo anterior, habrá de potenciar la desigualdad social en el acceso al agua por el aumento de tarifas y compromete la disponibilidad de ésta para el funcionamiento e integridad de los ecosistemas, así como para uso humano en esta y las generaciones futuras.

2. Promueve el desplazamiento de personas y la muerte de los ríos

La práctica de trasvasar el agua moviendo grandes volúmenes de una cuenca hacia otra, no sólo es insustentable y afecta en el mediano y largo plazo al medio ambiente sino que provoca desplazamientos forzosos que destruyen pueblos y comunidades y marginalizan a las personas quienes quedan obligadas a trasladarse a los cinturones de miseria de las grandes ciudades. No se promueve en ningún apartado el tratamiento y reúso del agua, alternativa lógica a los problemas de escasez y disponibilidad de agua.

3. Amplia los márgenes para poder contaminar el agua

En el apartado de definiciones de la iniciativa de ley, en lugar de señalar que la contaminación supone agregar cualquier substancia física, química, biológica u otra que genere un efecto negativo en el ser humano o la naturaleza, la iniciativa remite a un listado limitado de contaminantes que constantemente estará desactualizado y no se permite el monitoreo social o académico para conocer los niveles de diversos compuestos.

4.Restringe, condiciona y sanciona los estudios, la investigación científica y el monitoreo

La iniciativa restringe de forma preocupante la posibilidad de que los académicos y la sociedad civil puedan emprender estudios sobre el agua en general. Ello atenta contra la libertad de investigación, la producción de conocimiento así como el derecho a la información. Para reforzar lo anterior la ley considera como falta grave el emprender estudios sin el permiso de la CONAGUA y establece sanciones desproporcionadas. El Artículo 267 (Fracción XXVI) faculta a la CONAGUA a sancionar hasta con 50 000 días de salario mínimo a todo aquel que realice estudios, monitoreo y remediación de las aguas como bienes nacionales sin contar con un permiso expedido por ellos. Esto implica que ningún universitario o persona podrá generar conocimiento alternativo al oficial sin su consentimiento.

Tomando en cuenta todo lo anterior y destacando que de forma paralela a esta iniciativa ha sido presentada ante las Cámaras una iniciativa ciudadana que propone alternativas viables frente a todos estos aspectos, exigimos se abra un debate público con especialistas y sociedad en ambas Cámaras para asegurar que la Ley que habrá de regir la gestión del agua en el país beneficie a la sociedad con una visión de uso y manejo del agua para el futuro inmediato y de largo plazo.

lunes, 2 de marzo de 2015

Reforma laboral a escondidas



24-02-2015



Con motivo de la reforma política del Distrito Federal, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de la Ciudad de México y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron un dictamen de reforma al apartado B del Artículo 123 constitucional que nulifica o limita gravemente derechos básicos de miles de trabajadores de muchos organismos descentralizados del DF y de toda la República. 

Dicha reforma laboral no tiene nada que ver con la reforma política del DF, dada la naturaleza distinta de ambas. Ocurre algo parecido con la llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto y sus mandantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

La propuesta de adición a la fracción XIV, Apartado B, del Artículo 123, indica: "Las relaciones entre los organismos constitucionales autónomos y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el presente apartado. El régimen laboral aplicable a los organismos descentralizados será determinado por la ley que lo rija". 

Entre los artículos transitorios, establece: "La Constitución Política de la ciudad de México deberá establecer que los trabajadores de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la ciudad de México, sus demarcaciones territoriales y sus órganos autónomos, así como las entidades paraestatales de la administración pública local, se sujetarán al régimen que establece el apartado B del artículo 123 de esta Constitución".

El especialista en derecho laboral, José Dávalos, precisa: "Los organismos descentralizados inicialmente no estaban en el artículo 123 de la Constitución, ni en el apartado A de los trabajadores en general ni en el apartado B de los trabajadores al servicio del Estado…

" Por fin, el 15 de enero de 1996, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que esos trabajadores no estaban regidos por el apartado B. Emitió la jurisprudencia 1/96 conforme a la cual los trabajadores tuvieron acceso a los beneficios individuales del apartado A, y a los de organizar libremente los sindicatos que los trabajadores deseen, establecer contratos colectivos, y ejercer el derecho de huelga. Este criterio se sostuvo en dos jurisprudencias adicionales, la 47/97 y la 180/12. Esto ha venido ocurriendo hasta estos días.

" En el proyecto de reforma no se dice con claridad que los organismos descentralizados estarán regidos por el apartado B. El proyecto señala que el régimen laboral será determinado por la ley que lo fija. La decisión del Poder Legislativo indicará en cada caso a cuál de los apartados se ceñirá cada organismo descentralizado. Es comprensible que en la ley se inclinarán por el apartado B, que es en donde los trabajadores quedan maniatados para defender sus derechos laborales básicos.

" Los órganos constitucionales autónomos son creados en la Constitución sin estar adscritos a los poderes tradicionales del Estado. Puede decirse que actúan con independencia, son depositarios de funciones estatales que se busca desmonopolizar. Entre ellos se encuentran la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y el Banco de México (B de M). Las leyes de los primeros tres organismos remiten sus relaciones laborales al apartado B del artículo 123 constitucional. La fracción XIII Bis del apartado B del artículo 123 dispone que las relaciones laborales del Banco de México se rigen por el propio apartado".

Los objetivos de la administración peñista son claros: suprimir la representación de sindicatos verdaderos e impedir la contratación colectiva, y los propósitos de la casta burocrática de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado también son precisos: mantener y ampliar la membresía de esta federación e impedir que sindicatos sujetos del apartado B, de acuerdo con la resolución de la SCJN del 15 de enero de 1996, opten por estar incluidos en el apartado A del mismo artículo constitucional.

De cara a esta situación, los sindicatos han respondido de inmediato a la intentona regresiva. Así, la UNT señala: "Las organizaciones sindicales integrantes de la UNT condenamos enérgicamente el golpe que se pretende dar a los miles de trabajadores y trabajadoras de los organismos descentralizados y autónomos de la ciudad de México, privándolos de los derechos colectivos y suprimiendo también las garantías que tiene su personal de confianza para obtener una indemnización cuando sean injustificadamente despedidos. Esta iniciativa se inscribe en el marco de una ofensiva mundial en contra de las conquistas históricas de la clase obrera como son la libertad de organización y la libertad de acciones como la contratación colectiva y el derecho de huelga".

Y concluye la central obrera: "Por lo anterior exigimos el retiro inmediato de la reforma al Artículo 123 constitucional, apartado B, que pretende implantar un régimen laboral de excepción para los trabajadores del DF que ha sido aprobada por diversas comisiones y planteada al pleno del Senado".

El STUNAM, por su lado, afirma: "Paralelamente, cada vez es mayor el número de trabajadores del sector público a los que se niega el derecho a la huelga. Tal es el caso de la iniciativa de reforma política en el Distrito Federal. Asimismo, los acuerdos de libre comercio priorizan los intereses de las multinacionales sobre los bienes públicos: educación, vivienda, salud y seguridad social; y atentan contra la democracia, al tratar de sustituir el sistema internacional basado en los derechos humanos y las normas laborales internacionales…

[Los derechos]"de huelga, de formar sindicatos, la negociación colectiva de los salarios y las condiciones de trabajo, son libertades fundamentales y derechos humanos laborales consagrados en la Constitución Política de México, en la OIT, en los convenios 87 y 98, en la Declaración de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros".

Se han pronunciado sobre el tema, entre otros, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, las delegaciones sindicales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Centro Nacional de las Artes, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, Sindicato de Trabajadores de la Universidad Iberoamericana, Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México, Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Enseñanza Media Superior del DF, Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado.

La legislación laboral tiene su historia. El 18 de agosto de 1931 fue expedida la Ley Federal del Trabajo, que pasó a reglamentar el Artículo 123 constitucional, vieja demanda del movimiento obrero mexicano, incluidos varios de sus núcleos anarcosindicalistas. El Artículo123 no estaba dividido en apartados, situación que se daría hasta el 5 de diciembre de 1960 con la reforma y adición del apartado B al Artículo 123 de la Constitución General de la República.

L as restricciones en materia laboral y sindical para los trabajadores en general y para algunos grupos de éstos, se impusieron en la LFT y en leyes y reglamentos especiales, como el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, publicado el 5 de diciembre de 1938; el Reglamento de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, del 20 de noviembre de 1937, y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada el 28 de diciembre de 1963, que reglamenta el apartado B. El Estatuto Jurídico, el Reglamento bancario y la Ley burocrática tienen como rasgo distintivo el colocar a grupos de trabajadores en regímenes especiales que limitan o niegan total o parcialmente los derechos de contratación colectiva, de organización sindical y de huelga, aunque establecen la estabilidad en el empleo.

Derrotados el movimiento ferrocarrilero en marzo-abril de 1959 y el movimiento magisterial en abril-agosto de 1960, el Estado hizo concesiones a la burocracia sindical y emprendió algunos cambios legislativos. El 5 de diciembre de 1960, se publicó la reforma y adición al artículo 123 constitucional, esto es, el apartado B del mismo, que estipula: "X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los poderes públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra". 

O dicho en buen romance, en la práctica está eliminado el derecho de huelga.

Los servidores públicos son sujetos del apartado B del Artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria: la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, promulgada el 27 de diciembre de 1963, que establece derechos muy por abajo de los conquistados por la clase obrera.

Los sindicatos de trabajadores federales tienen prohibido: "Art. 79...

"V. Adherirse a organizaciones o centrales obreras o campesinas".

Los trabajadores al servicio del Estado no tienen derecho de contratación colectiva ni relaciones bilaterales verdaderas. La ley estipula: "Artículo 87. Las Condiciones Generales de Trabajo se fijarán por el titular de la dependencia respectiva, tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente a solicitud de éste". 

Esta reforma laboral es continuación directa de la reforma de la Ley Federal del Trabajo de noviembre de 2012 y de la reforma "educativa" de Enrique Peña Nieto, que tienden a suprimir o restringir los derechos de contratación colectiva, de organización sindical, de huelga y de estabilidad en el empleo. En el Estatuto Jurídico, el Reglamento bancario, el apartado B y la Ley burocrática se limitaban los tres primeros derechos mencionados, pero se establecían con precisión la estabilidad en el empleo y la antigüedad como fuente de prestaciones. En la actualidad, con agentes pro empresariales y pro gringos en el gobierno de México, hasta estos derechos se están suprimiendo. Prevalece, pues, el reino del capital. Tal es la conclusión.




Nuevo empresa de Luz y Fuerza en abril del 2015, dice Martín Esparza - Terra México

Nuevo empresa de Luz y Fuerza en abril del 2015, dice Martín Esparza - Terra México
La nueva empresa de generación eléctrica en la que se prevé laboren los más de 15 mil ex electricistas que no se liquidaron tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), entrará en operaciones en abril de este año, aseguró Martín Esparza.
Martín Esparza Foto: Agencia Reforma
Martín Esparza
Foto: Agencia Reforma

Tras sostener una reunión con el Subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) señaló que a partir de ese mes comenzarán a operar alrededor de 50 plantas y fábricas que operaba LyFC.

"El documento (firmado por el Gobierno) establece que el 31 de marzo tiene que quedar resuelto todo, nosotros ya estamos en condiciones de empezar a operar. Estamos listos para iniciar la implementación de este esquema que es una empresa de generación eléctrica", apuntó.

"Ya está el esquema planteado y acordado entre las partes, simplemente es iniciar con los procedimientos administrativos, jurídicos, la parte que tiene que ver con la economía, los contratos y concesiones a cuántos años, precio de la electricidad, y la ubicación del personal".

Reforma publicó en diciembre que la Secretaría de Gobernación (Segob) ofreció a la dirigencia del SME crear una empresa de generación eléctrica que permita la contratación de más de 15 mil ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, cuya extinción fue decretada en octubre de 2009.

Esparza sostuvo que a diferencia de la extinta LyFC, la nueva empresa podrá operar en cualquier parte del País y aclaró que la Comisión Federal de Electricidad no será su "patrón", sino su competidor.

"Al 31 de marzo, así está el esquema, tiene que estar constituida la empresa de generación con el tabulador de puestos de trabajadores, la concesión a cuantos años, los permisos para interconexión", abundó.

http://noticias.terra.com.mx/mexico/nueva-empresa-de-luz-y-fuerza-en-abril-de-2015-lider-de-sme,32e8385cedfea410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html