sábado, 23 de febrero de 2013

Versión Estenográfica de la Sesión del 30 de Enero 2013 SCJN.


SECRETARIA   DE ESTUDIO  Y         CUENTA:  Si Señor  Ministro Presidente.


AMPARO DIRECTO          EN REVISIÓN 3345/2012. QUEJOSOS: SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS Y OTROS.

RECURRENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES COMO LIQUIDADOR DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (TERCERA PERJUDICADA).



SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene usted la palabra señor Ministro Aguilar Morales.


SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Gracias señor Presidente, señora Ministra, señores Ministros: El recurso de revisión que se somete a su consideración, deriva del juicio de amparo en el que el Sindicato Mexicano de Electricistas y los trabajadores miembros de dicha agrupación, reclamaron el laudo dictado por la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje con motivo de la solicitud formulada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para obtener la autorización de la terminación de las relaciones colectivas e individuales de trabajo del citado sindicato Y.. sus trabajadores con el Organismo Descentralizado denominado "Luz y Fuerza del Centro".


Como antecedente se tiene presente que la litis en el procedimiento laboral, consistió en determinar si el Decreto presidencial mediante el cual se declaró la extinción del Organismo Descentralizado denominado "Luz y Fuerza del Centro'', podía o no constituir una causa de fuerza mayor, ello en atención a que dicho Decreto fue el origen de la causa invocada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de liquidador de "Luz y Fuerza del Centro" para obtener la autorización de la terminación de las relaciones colectivas e individuales de trabajo aludidas.


En la consulta puesta a su consideración señores Ministros, se da noticia de que el medio de impugnación se interpuso dentro del plazo que señala la ley. Que el recurrente está legitimado para interponerlo, pues se trata del apoderado legal de la parte que fue reconocida como tercero perjudicado en el juicio de amparo, sin impugnación al respecto; asimismo, que el recurso es procedente, porque el Tribunal Colegiado consideró necesario para sustentar su decisión, examinar el contexto normativo constitucional, respecto de la relación que guarda el Presidente de la República, como titular del Poder Ejecutivo Federal, con los organismos descentralizados. Ello particularmente en torno a los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


En este sentido, se pronunció la Primera Sala de esta Suprema Corte, al resolver el Recurso de Reclamación 530/2012, promovido en contra del auto de la Presidencia que determinó la admisión del recurso de revisión y determinó expresamente en lo conducente, en el asunto engrosado el veintiocho de enero pasado, lo siguiente:


"Lo anterior pone de manifiesto que el Tribunal Colegiado realizó una interpretación sistemática de las referidas disposiciones constitucionales, artículos 25, 27, 28 y 90, en tanto que conforme a su criterio estimó analizar las relaciones procesales expuestas por la parte quejosa, derivado de lo establecido respecto del tipo de servicio prestado por dicho organismo en correspondencia a la relación laboral con sus trabajadores. Así -concluyó la Primera Sala­ opuestamente a lo alegado por el inconforme, se surten los supuestos del artículo 83, fracción V, de la Ley de Amparo, 1O, fracción 111, y 21, fracción 111, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que es correcto el auto recurrido en la parte que se revisa, en la cual se admitió a trámite el recurso de revisión hecho valer por la tercero perjudicada''.


Determinación de la Primera Sala sobre la Procedencia del Recurso que constituye cosa juzgada. Considero así que el asunto entraña la aplicación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, porque a partir de alcance de la comprensión fundamentalmente del artículo 90 constitucional, se hacen derivar múltiples consecuencias respecto de la relación jurídico-constitucional que atañe a uno de los Poderes de la Unión, concretamente la que pudiere existir entre las entidades paraestatales -en este caso descentralizadas- y el titular del Poder Ejecutivo Federal, atendiendo al régimen y a la naturaleza de estas entidades, así como al alcance de las atribuciones que le son propias.


Superado el tema de procedencia por la decisión de la Primera Sala, debo de hacer referencia a los antecedentes que informan la historia del asunto, se examinan los agravios propuestos en el proyecto. Al respecto, se pone en evidencia que en la sentencia recurrida se percibió al Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro y al Titular del Poder Ejecutivo, como uno mismo, atribuyéndole incluso la calidad de patrón, al emisor del Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro, esto es, al Presidente de la República. Y a partir del criterio en el sentido de identificar al Presidente de la República y a los organismos que integran a la Administración Pública Federal como un solo ente del Estado, es que el Tribunal Colegiado consideró la relación laboral que mantienen los organismos descentralizados con sus trabajadores, estableciendo que no se había actualizado una causa de fuerza mayor que no fuera imputable al patrón. Y debido a ello, en vía de consecuencia consideró que operaba la sustitución patronal.


Se propone a Sus Señorías, en consecuencia, que el punto neurálgico del recurso de revisión, ha de consistir en determinar el alcance de la relación entre el Presidente de la República y los organismos descentralizados encargados de la prestación de servicios públicos, ya sea considerando que la naturaleza de dicha relación admite identificarlos como un solo ente, o en cambio, que la naturaleza de dicha relación no admite la identificación apuntada, como lo sostiene la parte recurrente en sus agravios, y con ello a tener por actualizada la causa de fuerza mayor externa al patrón; y por consiguiente, a que la declaratoria de la terminación de las relaciones laboradas intentada por el servicio de administración y enajenación de bienes haya sido procedente, lo que de suyo impediría el examen de aspectos diversos.


Para dilucidar esa problemática, en la consulta se aborda el examen del tema desde múltiples precedentes de esta Suprema Corte, que permiten definir la naturaleza de los organismos de referencia, identificar dónde se deposita el Poder Ejecutivo Federal, así como la base constitucional de la descentralización . federal, considerando entre otros, los artículos 80, 89 y 90 constitucionales, advirtiéndose al efecto que este Alto Tribunal ha entendido dos importantes consecuencias jurídico-constitucionales: Primero, que en sentido estricto, los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo, a pesar de que dichos organismos son parte integrante de la Administración Pública Federal en su faceta paraestatal, pero ello no los identifica con el poder unipersonal del Presidente de la República.


De esta forma, es que el proyecto considera que en la Administración Pública Paraestatal, la dependencia con el Presidente de la República es indirecta y mediata, conforme a múltiples precedentes de esta Suprema Corte, porque no existe con el Poder Ejecutivo una relación jerárquica, y bajo la premisa de que los organismos descentralizados se encuentran fuera de la Administración Pública Centralizada, es que se propone que de ninguna manera pueden identificarse con dicho Poder unipersonal.


En segundo lugar, la consulta pone de manifiesto entre otras cuestiones que los organismos descentralizados son entes jurídicos, independientes del Poder Ejecutivo Federal, pues están dotados de personalidad jurídica propia y aún de un propio patrimonio, y que Luz y Fuerza del Centro era quien fungía como patrón.


Por consiguiente, considero que el examen de los aspectos mencionados conducen fundamentalmente a las siguientes conclusiones: Que los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, formen parte de la estructura administrativa que auxilia al Poder Ejecutivo Federal, no se traduce en que los trabajadores de los organismos descentralizados, estén directamente subordinados al titular de ese Poder de la Unión y que este sea su patrón, como estimó erróneamente el Tribunal Colegiado. Que la propia entidad Luz y Fuerza del Centro en virtud de sus cualidades legales como organismo descentralizado con personalidad y patrimonio propios, se constituía en la figura del patrón en las relaciones laborales establecidas con sus trabajadores.


Por consiguiente, el patrón de los trabajadores de Luz y Fuerza, no era el Presidente de la República, sino la propia entidad descentralizada mediante los órganos de dirección que hacían operar el organismo a través de los cuales se representaba y ejercía la personalidad jurídica propia de ese organismo.


Luego, el hecho de que el titular del Ejecutivo Federal haya ejercido sus facultades para extinguir la fuente de trabajo de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, constituye evidentemente para Luz y Fuerza del Centro, una cuestión ajena, externa, para dicho organismo público descentralizado, puesto que no puede considerarse al Presidente de la República y a los organismos que integran la Administración Pública Paraestatal, como un solo ente del Estado, ni para efectos de la relación laboral que mantiene un organismo descentralizado patrón como lo fue Luz y Fuerza del Centro con sus trabajadores.


Lo anterior hace innecesario el examen de si opera o no la sustitución patronal, pues si bien el Decreto Presidencial que extinguió a Luz y Fuerza del Centro no terminó por mismo las relaciones de trabajo, al extinguir en definitiva a ese organismo, generó la causa externa de fuerza mayor, que posteriormente desencadenó que previa solicitud del organismo liquidador ante la autoridad laboral competente, se aprobara la terminación de la relación colectiva de trabajo que ligaba a Luz y Fuerza del Centro con el Sindicato Mexicano de Electricistas, y como consecuencia de ello, la terminación del contrato colectivo de trabajo celebrado entre ellos, tal y como lo determinó el Pleno de este Tribunal constitucional, al resolver el Amparo en Revisión 346/201O, en donde se clarificaron los alcances del Decreto de extinción.


Es de especial relevancia señalar que el Tribunal Pleno hizo énfasis en que como consecuencia del Decreto de extinción, se deben pagar las indemnizaciones correspondientes conforme a la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo, y las disposiciones aplicables a todos los trabajadores del organismo que se extinguió, por lo que quedan subsistentes sus derechos para que quienes no lo han ejercido, lo puedan exigir ante las autoridades correspondientes.


En las circunstancias apuntadas, se pone a consideración de esta Honorable Sala, que se declaren fundados los agravios en cuanto ponen de manifiesto que fue incorrecta la interpretación de la relación jurídica constitucional, sobre la que el Tribunal Colegiado construyó la decisión materia de este recurso, lo que conduce a mi propuesta, de revocar en la materia de la revisión, la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado. Esa es la propuesta señores Ministros.


SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Muy bien. Tiene usted la palabra señor Ministro Pérez Dayán.


SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Gracias señor Presidente, señora Ministra, señores Ministros, seré muy breve, simplemente para razonar mi voto.


La complejidad de ciertas figuras del derecho de determinados actos de autoridad, implica que en ocasiones mucho más frecuentes que uno quisiera, estas, las consecuencias y los fundamentos, terminan por incidir en distintos ámbitos de la legislación; en el caso de las figuras por ejemplo, citaría a ustedes el caso de la requisa donde sus efectos trascienden, lo meramente administrativo, para involucrarse, para relacionarse con algunos otros aspectos del derecho laboral como es la huelga, son precisamente las legislaciones y las resoluciones de los tribunales las que definen exactamente cuál es el lindero, el punto en que éstas se rozan, y cuál es finalmente la determinación que se tome en esos tribunales para determinar la subsistencia o existencia de los actos de autoridad que las afectan.



Para el caso de los actos concretos de autoridad, uno de ellos es precisamente el que es motivo de este amparo directo en revisión a través de una determinación Presidencial que decreta la extinción de un organismo descentralizado, determinación que surge en el ámbito administrativo cuyos efectos y consecuencias también trascienden al ámbito laboral, de ahí que esta dualidad de ordenamientos que se ven involucrados en las relaciones que surgen a partir del acto de autoridad      también son sometidas a distintos tribunales cuyas verdades jurídicas se van centrando conforme se van desahogando los procedimientos correspondientes.


Es así que en el ámbito administrativo el Decreto de Extinción de este organismo descentralizado generó las consecuencias jurídicas que motivaron la presentación de distintos medios de defensa, entre otros, un amparo culminado por la Suprema Corte, esto es, hay una verdad legal, cosa juzgada que no puede ser desatendida por más que las consecuencias de uno y otro ámbito puedan ser diferentes.


A efecto, entonces de este razonamiento de voto dividiría el resto de mi intervención en dos grandes segmentos: 1. En el relativo a la procedencia del recurso de revisión en este amparo directo; y el segundo, en cuanto al fondo mismo del asunto. Por lo que hace al primero. desde luego tomo en consideración el auto de admisión del recurso, mismo que fue recurrido en reclamación y la Primera Sala expresó las razones por las que se consideró que el Tribunal Colegiado introdujo aspectos de interpretación constitucional que sumados a los que el señor Ministro ponente nos ha desarrollado respecto de la importancia del asunto justifican -a mi entender- tal cual lo dice el proyecto la procedencia del recurso.


Por lo que hace al fondo, expreso mi conformidad total con el criterio interpretativo que de él surge en relación con las diferencias que se establecen a partir del artículo 90 constitucional y algunos otros dispositivos superiores respecto de la ubicación jerárquica del Ejecutivo respecto de la administración pública centralizada y sus diferencias con la administración pública paraestatal, caso específico en el que se ubican e inciden los efectos propios de esta declaratoria de extinción.


En función de ello y considerando entonces el pronunciamiento que el propio Tribunal Pleno hizo respecto de las características principales del Decreto de Extinción, sus consecuencias y la interpretación que se alcance en el proyecto es que expreso mi conformidad con el mismo. Gracias señor Presidente.


SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Pérez Dayán. Tiene la palabra el señor Ministro Franco.


SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias señor Presidente. Nada más muy brevemente, de igual manera para sustentar mi voto en este caso. Evidentemente como lo ha señalado el Ministro Pérez Dayán es un asunto muy complicado que tiene imbricadas una serie de temáticas jurídicas que hay que dilucidar, y además con una larga, larga historia jurisdiccional en donde debo subrayar que -en mi opinión- ya hay cuestiones que son cosa juzgada; y que consecuentemente, debemos asumir en ese tenor para poder resolver.


Como recuerdan señora, señores Ministros yo desde que se presentó la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción me pronuncié porque había interpretación constitucional y que mi posición era atraer ese asunto, esto porque he sostenido reiteradamente que me aparto del criterio absoluto de interpretación constitucional al estimar que en muchos casos los jueces constitucionales simplemente le damos un contenido y sentido a un precepto constitucional sin exponer mayores razones, y por supuesto lo que estamos implicando es esa interpretación constitucional.


De igual manera he sostenido en varios asuntos que las resoluciones de las Salas en los recursos de reclamación al pronunciarlas se constituyen en cosa juzgada y que las Salas tenemos obligación de respetar esa cosa juzgada, es el caso que en este asunto la Primera Sala, independientemente de mi posición personal, el cinco de diciembre resolvió el recurso de reclamación en este asunto considerando y estableciendo expresamente en su texto que había interpretación constitucional, e inclusive, señalando los preceptos que a su juicio fueron interpretados y siendo consecuente con mi posición no puedo hacerlo de otra manera, estoy porque eso es cosa juzgada y nos obliga como Segunda Sala, y consecuentemente, en mi opinión, ni siquiera debería ser motivo de una discusión para nosotros, esa es mi posición.


En otro aspecto, yo no comparto los argumentos del Tribunal Colegiado para llegar a la conclusión de que el titular o como titular del Poder Ejecutivo, el Presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo, es único patrón respecto de toda la administración pública y particularmente, respecto de las entidades que forman la administración pública paraestatal, esto yo lo he sostenido también en varios asuntos que hemos discutido, porque, por qué no lo comparto, porque los organismos descentralizados nacieron y evolucionaron para separarse de la administración pública centralizada, y una de las características fundamentales de que son dotadas en nuestro derecho, es que gozan de personalidad y patrimonios propios, en este      sentido se desprenden de lo que es la administración centralizada, y de todo aquello que los administrativistas llaman poderes que rigen de la administración centralizada, sin que se pierda de todo el vínculo, se convierten en órganos autónomos para estos efectos; consecuentemente, en mi opinión, la relación de trabajo conforme al artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo, se establecen en estos casos, entre esos organismos y sus trabajadores, y son los responsables de la relación laboral; consecuentemente, a mí me parece, que, partiendo del artículo 90 constitucional que ya establece desde el año de mil novecientos ochenta y seis, primero a nivel legal, y posteriormente en el año de mil novecientos noventa y uno a nivel constitucional, esta separación, es que yo no puedo aceptar este razonamiento que se hace, muy inteligente, pero decir: Es un único patrón que es el responsable de todo lo que acontece en la administración pública. Así lo he sostenido siempre; y consecuentemente, en este caso, también es mi posición, inclusive, llevando el argumento al extremo, si fuera el mismo patrón en este caso, no podría haber por lógica sustitución patronal, seguiría habiendo un patrón responsable de todas las relaciones laborales, pero esta es una consideración marginal que yo hago aquí, la realidad es que yo entiendo que los organismos descentralizados tienen personalidad y patrimonio propios conforme al artículo 123, y la Ley Federal del Trabajo, establecen directamente sus relaciones con sus trabajadores y son responsables ante ellos.


También quiero decir para fundar mi voto, en relación a esto, cómo se pretende fundar la sustitución patronal en el presente caso, en que en mi opinión, el Tribunal Colegiado consideró erróneamente que el titular del Ejecutivo, puede, como lo dije, tener toda la responsabilidad de lo que sucede en la organización administrativa, esto inclusive, en un extremo también, nos llevaría al absurdo de que sería responsable de lo que pasa en los fideicomisos públicos, dado que también son entidades, y en este caso, inclusive, ni siquiera se les reconoce la personalidad jurídica propia; y sin embargo, hay un fiduciario que es el responsable de todo lo que acontece; consecuentemente, tampoco me parece que se      pueda llevar por ese lado el argumento. Y finalmente, concluyo diciendo, lo recoge                 el proyecto, creo que correctamente, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia del cual formamos parte esta Sala, se pronunció expresamente por la validez constitucional y legal del Decreto de extinción como bien        lo mencionaba el Ministro Pérez Dayán en su intervención, con todas las consecuencias legales que conlleva, eso en mi opinión, también es cosa     juzgada; y en ese Decreto de extinción, claramente se estableció que se respetarían los derechos de los trabajadores para efecto de su liquidación, la cual como bien lo señala el proyecto y lo expresó el Ministro Aguilar, tiene que hacerse conforme al procedimiento, y se tiene que respetar; y hoy en día, aquellos trabajadores que    por las razones de estar esperando estas resoluciones no lo han hecho, tienen su derecho expedito para poder recibir esas indemnizaciones que señala el propio Decreto de extinción. Y una cosa muy importante, el Tribunal Pleno se manifestó expresamente en que no hay necesidad en una autorización previa para poder dar por terminadas las relaciones, esto quiere decir, en otro sentido, que nos pronunciamos porque hay una causa de fuerza mayor, y esto lo único que provoca es la terminación de las relaciones laborales jurídicamente; el Pleno así lo establece expresamente y lo señalo a fojas trescientos cuarenta y trescientos cuarenta y uno, del Amparo en Revisión 346/201O; consecuentemente, con pleno respeto a las diferentes opiniones que hay, a mí me parece que, en este caso, el Colegiado tomó una interpretación incorrecta para llegar a sus conclusiones, por ello yo me pronunció a favor del proyecto que nos está presentado el Ministro Aguilar, haciendo una salvedad que no influye ni afecta en nada a las consideraciones de fondo y a las determinaciones fundamentales del proyecto, porque también lo reitero, he tenido algunas diferencias que en nada afecta a la decisión fundamental en este asunto, respecto de algunos enfoques en relación con los organismos descentralizados.


Por estas razones, señor Presidente, señora y señores Ministros, yo estaré de acuerdo con el proyecto que nos presenta el Ministro Aguilar, e insisto, simplemente me reservo, de ser el caso, al ver ya el engrose final, para expresar algún disenso respecto de puntos específicos que en nada afectan, al sentido del proyecto.


SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE:¿Terminó usted Ministro Franco?


SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Sí, gracias, señor Presidente.


SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Tiene usted la palabra, Ministra Luna Ramos.


SEÑORA    MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias señor Presidente. Señores Ministros, quiero dar mi opinión, quisiera ser lo más breve posible, no si lo logre.


Por principio de cuentas, lo que quisiera mencionar, es que aquí hay tres procedimientos jurídicos distintos, que si bien tienen relación, de alguna manera, son totalmente independientes, y yo creo que eso es algo que no podemos perder de vista.


El primero de ellos es el que ustedes saben se generó con motivo del Decreto que emitió el Presidente de la República para declarar la extinción de la descentralizada Luz y Fuerza del Centro. Este Decreto fue impugnado por el Sindicato correspondiente ante un juez de Distrito y luego llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en recurso de revisión donde nosotros reasumimos nuestra competencia y conocimos de este asunto y confirmamos la resolución en el sentido de determinar que era constitucional el Decreto que daba por extinguida esta descentralizada, este es un primer procedimiento.


Hay un segundo procedimiento que también es importante mencionar, el Sindicato Mexicano de Electricistas -voy a referirme por sus siglas para no equivocarme, el SME- promovió ante la Junta la revisión del contrato colectivo de trabajo y además emplazando a huelga, esto fue un procedimiento diferente ¿por qué? Porque lo que sometía a la consideración de la Junta era precisamente la revisión del contrato colectivo de trabajo 2008-201O, en esta demanda, debo mencionarles que quienes son demandados ya          es el SAE este organismo liquidador y demandan también a Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto, ¿Qué les contesta la Junta de Conciliación y Arbitraje en esto? La Junta de Conciliación y Arbitraje emite un Acuerdo diciendo que no es posible llevar a cabo esta revisión de contrato colectivo porque en realidad el organismo liquidador SAE, no tiene firmado con ellos ningún contrato colectivo de trabajo; y que por lo que se refiere a Luz y Fuerza del Centro, no es patrón sustituto y que además él tiene -Comisión Federal de Electricidad- tiene firmado un contrato colectivo de trabajo con un sindicato diferente, esto es impugnado en juicio de amparo ante un juez de Distrito, y en la sentencia, el juez de Distrito confirma lo dicho por la Junta -creo que es la número cinco- y vuelve a mencionar que efectivamente no hay la posibilidad de establecer la revisión del contrato colectivo de trabajo porque no hay contrato con SAE y porque no es patrón sustituto Comisión Federal de Electricidad, esto fue recurrido por el SME, en recurso de revisión; sin embargo, cuando ya el recurso estaba presentado se ofreció un desistimiento de la acción y por tanto, el juicio fue sobreseído ¿qué quedó? Pues firme lo que dijo la Junta en ese sentido, nada más, el juicio de amparo queda totalmente anulado ¿por qué razón? Por el desistimiento de la acción.


Y luego viene el tercer procedimiento, que es el que ahora nos ocupa. Este tercer procedimiento, debo de mencionar que es el SAE el que promueve ante la Junta, esto no hay que perderlo de vista, es SAE el que promueve la solicitud ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para dar por terminadas las relaciones colectivas e individuales de Luz y Fuerza del Centro ¿Por qué razón? Con motivo de causa de fuerza mayor o caso fortuito en términos del artículo 434, fracción 1, de la Ley Federal del Trabajo y en atención a que de alguna manera esta descentralizada ya ha sido extinguida a través del Decreto -que ya habíamos mencionado en el primer procedimiento- y que además había sido ya de alguna manera declarado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que el Decreto era constitucional.


Entonces ¿Qué le contesta la Junta al SAE? El SAE lo que nos dice es que de alguna manera ¡perdón! Debo mencionar algo importante, cuando le corren traslado al SME, el SME lo que hace valer como excepción es que Comisión Federal de Electricidad es patrón sustituto y que por esa razón y por otras más que hace valer dentro de las excepciones, no opera la solicitud por causa de fuerza mayor o caso fortuito, que no se dan esos supuestos y, entre otras cosas también hace valer otra situación importante, que la cláusula 115 del Contrato Colectivo de Trabajo, de alguna manera establece que si se llegara a liquidar de alguna forma Luz y Fuerza del Centro, que estos deberían ser absorbidos por quien en un momento dado lleve a cabo esta función y, por su parte, también · el SAE en el momento en que presenta la solicitud de terminación de las relaciones laborales, lo que dice es: "Ofreciendo -desde luego- lo que se determinó en el Decreto respectivo de extinción, que es precisamente el pagar a todos los trabajadores las indemnizaciones constitucionales correspondientes y además todas aquellas que se encuentren especificadas en el Contrato Colectivo de Trabajo ¿Qué es lo que resuelve la Junta de Conciliación y Arbitraje en ese laudo? En ese laudo, lo que la Junta determina, bueno, primero les decía estaba lo del SAE, que estaba ofreciendo de alguna manera la indemnización que ya estaba determinada y dice que en un momento dado se dan los supuestos de causa mayor y de caso fortuito y que no asiste razón al Sindicato de Trabajadores al afirmar que el Decreto está estableciendo la sustitución patronal y bueno, da muchas razones que no se las voy a leer para no cansarlos; explica cuándo opera la sustitución patronal y desestima además la aplicación de la cláusula 115, en pocas palabras, no les voy a leer para no cansarlos, lo que dice es: "No es aplicable esta cláusula, porque la cláusula está pactada entre el SME y Luz y Fuerza del Centro, entonces no puede involucrar obligaciones para un tercero, como en este caso sería Comisión Federal de Electricidad, para decir que desapareciendo Luz y Fuerza tendrían necesariamente que entenderse trabajadores de la otra porque no participó", éste es un contrato que se hace entre ellos dos exclusivamente, entonces, sobre esas bases concluye la Junta con los resolutivos siguientes, dice:


"PRIMERO. EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES COMO LIQUIDADOR DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO ACREDITÓ LA PROCEDENCIA DE SU ACCIÓN. EL SINDICATO DEMANDADO NO ACREDITÓ SUS DEFENSAS.


SEGUNDO. EN TÉRMINOS DE LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, SE APRUEBA LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN COLECTIVA DE TRABAJO QUE LIGABA A LUZ Y FUERZA       DEL CENTRO CON EL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS,     COMO CONSECUENCIA DE ELLO, LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO Y LA DE LOS TRABAJADORES TAMBIÉN SINDICALIZADOS.


TERCERO. SE CONDENA AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN       DE BIENES COMO LIQUIDADOR DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, A PAGAR LAS INDEMNIZACIONES A QUE SE       REFIERE LA PARTE CONSIDERATIVA DE ESTA RESOLUCIÓN, CON LAS SALVEDADES HECHAS Y TODA VEZ QUE SE CARECE DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU CUANTIFICACIÓN, DEBERÁ HACERSE A TRAVÉS DE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE."


Este último punto resolutivo no ha sido tocado en el amparo respectivo, lo cual quiere decir que quedó totalmente firme; es decir, los trabajadores tienen derecho a la liquidación correspondiente, respecto de la indemnización que a esto corresponde.


En contra de este laudo promovieron juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado. El Tribunal Colegiado, lo que determina primero que nada y esto lo hace en un estudio en suplencia de queja; es decir, que no lo hizo valer el sindicato correspondiente, analiza el artículo 90 constitucional. Analiza el artículo 90 constitucional y en el análisis de este artículo, debo mencionar que lo que aduce fundamentalmente es que siendo un Organismo Público Descentralizado la Compañía de Luz y Fuerza, es un organismo que pertenece al Estado, dice cómo se integra a través del artículo 90 constitucional prácticamente el Estado mexicano y que los Organismos Públicos Descentralizados forman parte de la organización paraestatal del Estado.


Entonces, que tomando en consideración que forman parte de la organización paraestatal del Estado, debe entenderse que el Presidente de la República o el Ejecutivo del Estado y los Organismos, actúan bajo una misma personalidad, son un mismo ente, hacen esta interpretación y llegan a esa conclusión, que al ser un mismo ente, no se da la causa de fuerza mayor o el caso fortuito, a que se refiere el artículo 431 de la Ley Federal del Trabajo y que no se da esta causa de fuerza mayor o caso fortuito, porque si se trata del mismo ente el patrón y el Presidente de la República o el Ejecutivo al que pertenecen, la causa de fuerza mayor o caso fortuito debe ser ajena al patrón y en este caso, siendo los mismos, no se da esta situación y por tanto, lo cierto es que la vía intentada no era la correcta, porque en todo caso, la vía intentada debía haber sido un conflicto económico, porque ya en el Decreto se había dicho que "Luz y Fuerza del Centro" era incosteable.


Entonces, aquí quiero mencionar una situación: Aquí son dos cosas muy diferentes, se está hablando de una vía no bien presentada. Si nosotros hablamos de un conflicto de trabajo en la vía económica, estamos hablando de un procedimiento especial distinto, distinto a la solicitud de terminación de contratos individuales y colectivos que se hace con fundamento en este artículo, ésta es otra fracción.


Y es un procedimiento especial que se hace cuando no se ha terminado con el centro de trabajo. El centro de trabajo todavía está funcionando. Se presenta ante la Junta la solicitud de incosteabilidad y hay que demostrar objetivamente que ya no es costeable esa empresa y que por esa razón, la consecuencia va a ser que tengan por terminado los trabajadores la relación laboral. Esto no es así. Aquí las cosas fueron muy diferentes. Aquí todo obedeció -y por eso inicié con los procedimientos como se habían dado- con el Decreto en el cual el Presidente de la República extingue la descentralizada "Luz y Fuerza del Centro".


Entonces, el Tribunal Colegiado analiza catorce violaciones procesales, pero lo importante y desde el punto de vista fundamental, es que determina que no se da la causa de fuerza mayor porque son la misma persona. El Estado está actuando con la misma personalidad como organismo descentralizado y como aquella persona que emite el Decreto por el cual se ha extinguido "Luz y Fuerza del Centro" y que por tanto, en el momento en que Comisión Federal de Electricidad, como otro organismo descentralizado que se encarga de otorgar este servicio público es el que, se puede decir, va a seguir dando este servicio, actúa como su patrón sustituto.


Aquí quiero hacer una aclaración muy importante: Dijimos al principio que en este procedimiento, quien había iniciado la acción era el SAE y el SAE lo que había pedido era exclusivamente que se declarara la inexistencia de las relaciones colectivas e individuales entre los trabajadores por virtud del Decreto y también hace hincapié en que en que el SME lo que había hecho era determinar a través de una excepción, que en todo caso debería Comisión Federal de Electricidad ser patrón sustituto, pero para ser patrón sustituto necesita demandar y aquí no hubo reconvención, no hubo nunca reconvención          por parte del SME para decir: y ahora te contrademando el reconocimiento de patrón sustituto, esto fue hecho valer como una excepción en una acción que no era del Sindicato, en una acción que era del órgano liquidador. -Esto es importante tenerlo en mente-.


Bien, sobre esta base, el Tribunal Colegiado determina que no se da la causa de fuerza mayor y que hay un patrón sustituto, que de alguna manera es la Comisión Federal de Electricidad, y en este estado de cosas, llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Recurso de Revisión.


Acá, tenemos un primer problema: ¿Estamos o no en un caso en el que existe procedencia para poder analizar el recurso de revisión respectivo? Ya han hecho alusión a ello los señores Ministros. Recuerden ustedes que es un recurso de revisión excepcional en el que debe de haber interpretación de un precepto de la Constitución o inconstitucionalidad de una ley.


Aquí el problema que tenemos es que hubo de alguna manera una resolución en reclamación: cuando se admitió el recurso respectivo. Cuando el Presidente de la Corte admite el recurso correspondiente, el Sindicato se va al recurso de reclamación- del que conoce la Primera Sala-.


Aquí hay una situación importante, cuando estamos en un problema de un juicio de amparo y se presenta una causal de improcedencia, sabemos que eso va a traer como consecuencia, de ser fundada, que el juicio no pueda estudiarse en el fondo, esto puede darse cuando se presenta la demanda si la causa es notoria y evidente y pueda determinarse desde el principio el desechamiento del recurso, o bien que se analice en el fondo y ahí se determine si ésta es o no fundado.


Aquí, el Presidente de la Corte admitió el recurso. Fíjense ustedes, se ha mencionaron mucho si nos vincula o no la sentencia de la Primera Sala. Yo aquí diría una situación muy importante: Si la Primera Sala hubiera dicho de manera específica: Es infundado el recurso de reclamación porque no se trata de una causa notoria y evidente, y eso quedará para su análisis y decisión en la sentencia respectiva, ahí no tendríamos nosotros vinculación alguna ¿Por qué? Porque no se está analizando de manera alguna la procedencia, no se analiza, pero aquí tenemos un problema muy especial. Aquí la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo: Ello, porque el Tribunal Colegiado al referirse a la naturaleza de la Administración Pública Federal   y de los organismos descentralizados, partió de la interpretación del articulo 90, relacionado con los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Para corroborarlo, resulta conveniente atender a la sentencia recurrida, y luego ya va dando las razones.

Entonces, aquí no nos estaba diciendo que era una causa que se iba a analizar con posterioridad. Aquí, tajante, expresamente, la Primera Sala dijo: Hay un problema de interpretación, y por esa razón es procedente, entonces, aquí hay un pronunciamiento en un recurso de reclamación de que el recurso de revisión es procedente y esto nos obliga a nosotros, porque en este sentido -para mí- hay cosa juzgada.


Entonces, la procedencia queda zanjada de esta manera por lo establecido por la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


Ahora otra circunstancia: Cuando hablábamos de que si se da o no la situación relacionada con la existencia o no del patrón sustituto, dirán ustedes: pero esta ya es una cuestión de legalidad. El problema está en que para poder determinar si la causa que en un momento dado genera determinar si hay o no causa de fuerza mayor o caso fortuito para        efecto de la determinación de las relaciones colectivas e individuales, pues es necesario primero que nada determinar st efectivamente, una descentralizada participa de la personalidad del Ejecutivo Federal, y si de esta forma forman un solo ente y no se da el problema de caso fortuito, porque lo que necesita conforme al artículo 431 es que sea ajena al patrón.


Entonces, aquí es cierto que estamos involucrando de alguna manera algunas cuestiones relacionadas con legalidad, pero que están
íntimamente ligadas con el problema de interpretación que le dan al artículo 90 en relación con lo que implica el patrón y lo que implica el Ejecutivo que declaró extinta la descentralizada, y tenemos esta tesis que no podemos olvidar, que dice: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SI LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INTERPRETA LA NORMA CONSIDERADA COMO INCONSTITUCIONAL O INTERPRETA UN ARTÍCULO DE LA CONSTITUCIÓN, TAL INTERPRETACIÓN TRASCIENDE AL PROBLEMA DE LEGALIDAD, DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ESTE ÚLTIMO PARA RESGUARDAR EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA".

Entonces, sobre esta base ya tenemos involucrada una situación muy importante! estamos en presencia de la interpretación del artículo 90, y aquí lo primero que tenemos que determinar es: Efectivamente el Presidente de la República y la descentralizada Luz y Fuerza del Centro forman una unidad, pues yo creo que basta con leer lo que dice el artículo 90 constitucional, la Ley de la Administración Pública Federal, para entender, y eso lo desarrolla muy bien en el proyecto el señor Ministro ponente, para entender que los organismos públicos descentralizados tienen personalidad jurídica propia, y aquí este es el primer problema con el que nos encontramos, personalidad jurídica propia, patrimonio propio, y por tanto, autonomía total. ¿Qué quiere decir? Actúan como particulares, tan es así que por eso estamos en un problema que viene de Junta de Conciliación y Arbitraje, si no a la mejor estaríamos en un problema del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o en alguna otra situación, pero esto proviene de Apartado A   del articulo 123 de la Constitución, por qué, porque a los organismos públicos descentralizados al reconocérseles personalidad jurídica y patrimonio propios, se les está reconociendo el carácter de particulares, que no actuó de ninguna manera con la personalidad del Estado.


Sobre esta base, si entendemos que los organismos públicos descentralizados no actúan con la personalidad del Estado, no podemos decir que el Decreto que dio por extinguida Luz y Fuerza del Centro sea un Decreto que involucra al patrón para efectos de no darse el caso fortuito y la causa de fuerza mayor, no involucra al patrón, porque el Presidente de la República no es el patrón del sindicato, el patrón del sindicato es el organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que se vio extinguido a través de un Decreto Presidencial que lleva a cabo una autoridad que no tiene ninguna relación jurídica con el patrón.

Entonces sobre esa base, la interpretación que se hace en el proyecto del señor Ministro Luis María Aguilar en este sentido, a me parece muy puesta en razón, porque en realidad se da el caso fortuito en este caso, precisamente porque no es el patrón ejecutivo el que en un momento dado declara extinguida esta situación.

Entonces, por esta razón creo yo que es procedente, el recurso de revisión es fundado y además coincido con el resolutivo que propone el señor Ministro ponente. Muchas gracias señor Presidente, gracias señores Ministros.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias a usted señora Ministra.


En el caso particular de esta revisión, antes de emitir mi voto, yo quiero hacer un reconocimiento al señor Ministro ponente, a don Luis María Aguilar Morales, por este proyecto que nos ha presentado.


El tema no es sencillo, todos los presentes lo sabemos, la propuesta que estamos discutiendo nos ofrece una conclusión que comparto, revela cómo la interpretación de los artículos 88, 89, 90 constitucionales, incidió en la decisión de legalidad que adoptó el Colegiado.


De manera particular quiero destacar que el tema que subyace en la conclusión del proyecto del señor Ministro Aguilar es la prestación del servicio público de energía eléctrica, lo que constituye -así lo establece la Constitución- un área estratégica de gran importancia para el Estado mexicano, de ello dan cuenta los artículos 25, 27, 28 de nuestra Constitución, incluso en el Amparo ya multicitado acá, el
346/201O, resuelto por el Pleno de este Tribunal Constitucional, en el que se analizó la constitucionalidad del Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro se hizo hincapié, se subrayó la facultad del Titular del Ejecutivo Federal de coadyuvar al desempeño de la rectoría del Estado en la materia que nos ocupa -electricidad- como lo ordena el texto constitucional.


La decisión que se adopta sobre el tema de la terminación de las relaciones colectivas e individuales de trabajo entre el extinto organismo Luz y Fuerza del Centro y el SME por haberse actualizado una causa de fuerza mayor en este caso la extinción, precisamente del organismo público descentralizado está sustentado en un tema de primer orden como lo es el análisis constitucional de los preceptos a los que me he referido. En conclusión, mi voto es a favor del proyecto.


Están los asuntos con los que dio cuenta la señora licencia Tania María Herrera Ríos, de la ponencia del señor Ministro Aguilar Morales, en votación económica les pregunto a la señora Ministra y a los señores Ministros si se aprueban (VOTACIÓN FAVORABLE).


SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: Señor Ministro Presidente, le informo que existe unanimidad de votos a favor de las propuestas.


SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: QUEDAN APROBADOS LOS PROYECTOS DE ESTA CUENTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y EN LA FORMA SEÑALADA.


Muchas gracias.


Habiéndose resuelto cincuenta y dos de los cincuenta y nueve asuntos listados para este día voy a proceder a levantar la sesión no sin antes citar a los señores Ministros a la que tendrá lugar el próximo miércoles seis de febrero en este Recinto, a la hora acostumbrada.


SE LEVANTA LA SESIÓN


(SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 13:00 HORAS)




A continuación publico 2 jurisprudencias que aparecen publicadas en el siguiente link y que contradicen lo que afirma la 2a Sala de la SCJN. http://www2.scjn.gob.mx/red2/2sjt/itesissesion.asp?nIdA=353&FSes=20121121

JURISPRUDENCIA 1: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. AL SER ENTIDADES INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL, FORMAN PARTE DEL PODER EJECUTIVO. http://www2.scjn.gob.mx/red2/2sjt/iUnaTesisSinPub.asp?nIus=11845 

JURISPRUDENCIA 2: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. AUNQUE NO INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, FORMAN PARTE DEL PODER EJECUTIVO EN SENTIDO AMPLIO. http://www2.scjn.gob.mx/red2/2sjt/iUnaTesisSinPub.asp?nIus=11846 

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